La idea de reducir el número de diputados, sin embargo, no es nueva entre las filas populares. En este mismo sentido se han manifestado otros presidentes de Comunidades Autónomas gobernadas por el PP como Esperanza Aguirre o Alberto Núñez Feijóo, e incluso el propio Mariano Rajoy anunció en el mes de julio su decisión de reducir en un 30% el número de concejales en los Ayuntamientos españoles. Pero, por encima de todos ellos, destaca la propuesta realizada hace unas semanas por la Presidenta de la Junta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal; y lo hace, en nuestra opinión, por varias razones: en primer lugar, porque la Sra. de Cospedal, además de Presidenta de la Junta, es la Secretaria General del PP, lo que puede resultar bastante significativo a la hora de determinar por dónde apuntan las medidas del PP para los próximos años; en segundo lugar, porque su propuesta de reducción del número de diputados a casi la mitad (de 49 a 25) choca frontalmente con la modificación de la Ley Electoral que hace poco más de cuatro meses aprobó el parlamento de Castilla-La Mancha, con los únicos votos favorables del PP, por la que el número de escaños aumentaba de 49 a 53 (aumento que, además, se distribuyó de forma arbitraria y que, casualmente, beneficia al propio PP, ya que, con los resultados de las anteriores elecciones autonómicas, éste ampliaría y consolidaría su mayoría absoluta al conseguir 3 de los 4 nuevos escaños). Y por último, y quizá más importante, porque, junto a ésta propuesta, la Sra. de Cospedal anunció su intención de suprimir el sueldo de los parlamentarios castellanomanchegos, por lo que éstos pasarían a cobrar únicamente por las dietas. A diferencia de las anteriores, ésta última medida sí que es propia y fruto de la mente privilegiada de la Sra. de Cospedal -no hay que olvidar que de ella han salido, entre otras, célebres frases como: “Aquí el gobierno social y […] progresista, en Castilla-La Mancha y en España, se llama Partido Popular; porque somos el partido de los trabajadores". Así. Con un par. Sin despeinarse ni nada-. Lo más paradójico de todo, para más inri, es que dicha propuesta la realiza una Señora que hasta no hace mucho cobraba tres sueldos: el de senadora, el de Presidenta de Castilla-La Mancha, y el de Secretaría General del PP (unos 240.000€ anuales -casi ná-).
En lo que respecta a la disminución del número de diputados, pese al aparente disfraz de control del déficit y reducción del gasto público en el que se enmarca dicha propuesta, lo cierto es que una reducción en el número de parlamentarios sin otra modificación del actual sistema electoral -un sistema que no hay que olvidar que beneficia ya ampliamente al partido más votado- tendría como principal consecuencia, en términos políticos, la introducción de mayores dificultades, por no decir imposibilitar de facto, a los partidos minoritarios para que obtuvieran representación parlamentaria; esos mismos partidos que tanto incomodan en ocasiones a los dos grandes y que, a la luz de dichas propuestas, parecen producir especial urticaria en ciertos sectores del PP. Por tanto, lo que realmente esconde el PP tras ésta medida es un ataque frontal a la representatividad de los ciudadanos y al pluralismo político, elementos básicos y necesarios en una democracia; así como un intento de consolidar el bipartidismo imperante en los últimos años y que, con la crisis, parece estar erosionándose. Por su parte, las consecuencias políticas de la eliminación del sueldo de los diputados parecen mucho más lógicas. Es evidente que, con dicha supresión, sólo aquéllos ciudadanos que obtuvieran por otras vías ingresos suficientes podrían dedicarse a la política, lo que daría lugar, además, a numerosas corruptelas y tratos de favor. Asimismo, implicaría que éstos renunciaran a la dedicación exclusiva que en teoría su cargo les brinda, reduciendo, más si cabe, la labor parlamentaria y el control al gobierno. La Sra. de Cospedal olvida que eso, justamente eso, es lo que trata de evitar el estricto régimen de incompatibilidades -cada vez menos estricto, en honor a la verdad- para diputados y cargos electos. Pero, visto lo visto, tampoco debería de sorprender.
En definitiva, parece que bajo el paraguas de la crisis y la máxima del control del déficit, aprovechando la indignación de los ciudadanos con la clase política -ganada a pulso durante años, todo sea dicho- y echándole al asunto bastante demagogia y mucha, mucha cara dura, el PP está llevando a cabo las medidas que durante años han protagonizado los sueños más húmedos, políticamente hablando, de gran parte de la derecha española. A tenor de lo expuesto, es evidente que conceptos como representatividad, participación ciudadana, pluralismo o peor incluso…...¡POLÍTICA!…., provocan auténticos escalofríos en muchos sectores del PP. Pero, precisamente eso, POLÍTICA, es lo que necesita nuestro país en estos momentos, y no tanto político incompetente.
Es que, con la actual ley electoral, menos diputados significa menos democracia, ya que le ponemos las cosas más difíciles a los partidos minoritarios que son los únicos que hoy tratan de aportar algo de sentido común a la política.
ResponEliminaY, por supuesto, el ahorro es insignificante.
¿El resultado? 0 recorte del déficit y gran recorte en democracia. Muy PPera, la propuesta, cierto.
¡Que cambien la ley electoral para romper con el bipartidismo si lo que quieren es que los ciudadanos volvamos a creernos otra vez la política! Si no, seguiremos en la calle, manifestación tras manifestación.